Sobre nosotras
Nuestra apuesta política
El Foro de los Pueblos por la Justicia Climática y la Regulación Financiera está organizado por diferentes ONGs, movimientos de base y la Coalición Global de los Pueblos Frente al Extractivismo.
El Foro consiste en una serie de actos dedicados al intercambio y el aprendizaje mutuo entre diferentes perspectivas políticas y culturas organizativas (*). A través de sus diversas actividades, el Foro también pretende llegar a un público más amplio, en particular para aumentar la visibilidad de las experiencias de las comunidades afectadas por el extractivismo y la expansión de los combustibles fósiles, y volver a poner en el centro de la discusión la cuestión de la democratización y la descolonización del sistema financiero.
El foro está abierto a todo el mundo e incluye diferentes tipos de eventos, como mesas redondas, talleres, reuniones, conciertos, caminatas informativas y mucho más.
* (i) luchas territoriales y medioambientales del Sur Global; (ii) ONG especializadas en regulación financiera ; (iii) colectivos y organizaciones de base que luchan por la Justicia Climática y contra el sistema financiero en el Norte Global; (iv) activistas del Sur que luchan en el Norte con una perspectiva decolonial.Luchas
1 Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo: Alto a EACOP, el oleoducto más largo del mundo
En una época en la que sabemos que cualquier nueva extracción de petróleo y gas destruirá el límite de 1,5 °C, construir el oleoducto más largo del mundo no parece, obviamente, la mejor idea. Pero esto es exactamente lo que está ocurriendo en Uganda y Tanzania con el proyecto del Oleoducto de África Oriental (EACOP). Ya está teniendo consecuencias desastrosas para la población local y el medio ambiente: cientos de miles de personas están siendo desplazadas y grandes partes del oleoducto se construirán en la cuenca del lago Victoria, el mayor lago de agua dulce de África del que dependen 40 millones de personas para obtener agua potable. El proyecto lo lleva a cabo el gigante petrolero francés Total con el apoyo de la Corporación Nacional China de Petróleo Offshore (CNOOC) y los gobiernos de Uganda y Tanzania. Aunque numerosos bancos comerciales se han negado a proporcionar financiamiento debido a preocupaciones medioambientales y sociales, los principales bancos europeos que tradicionalmente financian a Total aún no han aclarado su postura.
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2 Colombia: Asesinato de las y los defensores de la naturaleza
Los proyectos extractivos de las empresas internacionales en Colombia se llevan a cabo a costa de los derechos humanos y la destrucción de las comunidades y la naturaleza. Las corporaciones que lideran estos proyectos son grandes empresas mineras y de comercio de materias primas como Glencore (Suiza), BHP Billiton (Australia) y AngloGold Ashanti (Inglaterra). A menudo operan en territorios indígenas, desplazando a la población y destruyendo los medios de vida de miles de personas. Asimismo, corporaciones como Shell (Reino Unido), Repsol (España), la estatal colombiana Ecopetrol y Cepsa (España) explotan petróleo y gas en el Mar Caribe y los Llanos Orientales. Estas empresas actúan impunemente, al margen de cualquier intervención del gobierno colombiano y en complicidad con grupos paramilitares. Las personas que se oponen a estas operaciones, a menudo indígenas, se juegan la vida. Colombia registra el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente en América Latina. Solo en 2019 fueron asesinadas 64 personas.
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3 Senegal: La lucha por los ecosistemas marinos continúa
Los ecosistemas marinos de Senegal se enfrentan a una importante amenaza ante la inminente explotación de gas y petróleo por parte de Total y otras empresas petroleras. Estas compañías ponen en peligro los medios de subsistencia de las comunidades locales que dependen en gran medida de la pesca y la agricultura. Especialmente los derrames tóxicos, que a menudo provocan prohibiciones a la pesca, y amenazan el modo de vida de las comunidades locales. El proyecto de extracción de minerales pesados previsto por Astron Karegia agrava la situación. Se trata de un proyecto que pondría en peligro la vida marina, incluidas las tortugas y los mariscos, contribuiría a la erosión marina y destruiría los manglares y las tierras cultivables. La mayor parte de la economía local depende de estos fértiles ecosistemas. La corrupción institucional ha opacado la adjudicación de concesiones a empresas como Petro-Tim Limited y BP, dando lugar a un escándalo de 10.000 millones de dólares. A pesar de estos problemas, se han hecho grandes esfuerzos para establecer un Área Marina Protegida. La lucha contra la destrucción del litoral persiste desde hace 18 años, con la inquebrantable movilización de la comunidad rural de Kataba, en la región de Casamance.
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4 México: Fracking en territorios indígenas
En la Huasteca, donde más de la mitad de la población es indígena, empresas extranjeras quieren explotar petróleo y gas mediante la destructiva técnica del fracking. Desprecian los derechos legítimos de las comunidades locales -como los pueblos náhuatl y tének- sobre sus territorios ancestrales. Hasta ahora, la resistencia de las comunidades ha conseguido mantener la fracturación hidráulica fuera de esta región. Sin embargo, el suministro de agua de la región también está amenazado por un proyecto de acueducto, que pretende desviar ríos a una zona semidesértica con pozos de fracturación activos. De llevarse a cabo, amenazaría tanto los ecosistemas de la Huasteca como la vida de sus habitantes. A pesar de que la presión de la comunidad llevó al presidente López Obrador a emitir inicialmente una declaración contra el fracking en México, factores influyentes como los grupos de presión empresariales han dado lugar a que el gobierno entregue concesiones extractivas en contra de la voluntad de la población local. La mayoría de las empresas implicadas son europeas o están financiadas por instituciones europeas, como Eni México (Italia), BP (Reino Unido), Shell (Reino Unido) y Total (Francia).
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5 Perú: mareas negras interminables
Empresas como Perenco (Francia) y Repsol (España) han provocado grandes desastres ecológicos en Perú a través de vastos proyectos de explotación de hidrocarburos, lo que supone una grave amenaza para las comunidades indígenas. Los derrames masivos de petróleo han infligido daños irreversibles al ecosistema marino y han afectado gravemente a la economía pesquera local. En enero de 2022, por ejemplo, un derrame de petróleo provocado por Repsol arrojó 6.000 barriles de petróleo al mar. No fue un accidente excepcional. Cada año se registran decenas de derrames petroleros a lo largo de la costa y la Amazonia peruana. Estos delitos medioambientales forman parte de un patrón neocolonial recurrente, en el que empresas europeas, a menudo financiadas por bancos europeos, extraen recursos del Sur a costa de las poblaciones locales y del medio ambiente. Violan los derechos de los pueblos indígenas -especialmente en la Amazonia- y contribuyen a la criminalización e incluso al asesinato de defensores del medio ambiente.
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6 Argentina: el devastador impacto del fracking en la salud pública
La región argentina de Vaca Muerta es una de las mayores reservas mundiales de petróleo y gas de esquisto, donde el fracking está causando enormes daños. La escasez de agua se agrava a medida que se utilizan millones de litros en el proceso de fracturación, lo que provoca una grave escasez y la contaminación del suelo y los ríos. Los casos de cáncer de pulmón, leucemia infantil y otras enfermedades, así como los problemas de salud mental, han aumentado considerablemente. Las comunidades locales, incluidos los grupos indígenas mapuches, se enfrentan a desplazamientos forzosos. A pesar de sus efectos devastadores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha presionado para que Vaca Muerta se abra a las multinacionales del fracking, entre ellas la francesa Total, la británica Shell, la española Repsol y empresas estadounidenses como ExxonMobil y Chevron. Bancos europeos como Credit Suisse, UBS, el Banco Nacional Suizo, HSBC y Barclays financian la operación. También participan varias compañías de seguros, como la francesa Axa.
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7 Filipinas: Uno de los hábitats marinos más biodiversos será sacrificado por el GNL
El Paso de la Isla Verde (VIP), en Filipinas, conocido por su biodiversidad marina excepcionalmente rica, está amenazado por la expansión a gran escala de terminales de gas natural licuado (GNL). La zona, situada en el Triángulo de Coral, pretende convertirse en un importante centro de GNL debido a su ubicación estratégica entre Asia y América. Esto plantea graves consecuencias para la vida marina y las comunidades que dependen de ella. Un derrame de petróleo en el Paso de la Isla Verde ya ha causado daños devastadores a las comunidades costeras y la biodiversidad. Los proyectos de GNL propuestos contribuirían a la contaminación tóxica, aumentarían el tráfico naval, perturbarían los ciclos reproductivos de la vida marina, diezmarían las capturas de peces y desplazarían a las comunidades costeras. Shell y otras empresas como Linseed Field Power Corporation, Atlantic Gulf & Pacific Company (AG&P) y San Miguel Corporation son algunas de las empresas implicadas. Reciben apoyo financiero de UBS, Allianz, Blackrock y otras.
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8 India : Un gigante empresarial asiático arrasa árboles y casas para extraer carbón
India, la principal lucha por los combustibles fósiles tiene que ver con el carbón, y el gobierno indio hace todo lo posible por silenciar cualquier tipo de información relacionada. En 2017, el Grupo Adani planeaba instalar una central eléctrica de 1600 MW en el estado de Jharkhand, que importaría carbón de Australia y exportaría toda la electricidad producida a Bangladesh. Las personas afectadas no estaban dispuestas a transferir sus tierras, ya que el proyecto no era de utilidad pública y los terrenos que se iban a adquirir eran tierras de regadío de cultivos múltiples. El proyecto de Adani ha arrasado tanto árboles como viviendas para excavar en busca de carbón. Esto ha creado conflictos comunitarios en toda la India. Los pueblos indígenas, los usuarios tradicionales de la tierra y las comunidades pesqueras se han enfrentado valientemente a los planes de la empresa para defender sus medios de subsistencia y sus formas de vida. Han protestado en todas partes: en el mar y en la tierra; en los pueblos y en las ciudades; en los bosques y en las calles.
9 Canadá: Un gigantesco gasoducto viola los derechos de los pueblos indígenas
Apropiación cínica de los pueblos indígenas mientras se violan sus derechos
El gasoducto Coastal GasLink Pipeline (CLP) es un proyecto de 670 kilómetros diseñado para transportar gas natural desde Alberta hasta la frontera con Alaska. Aunque el proyecto está a punto de concluirse, se ha enfrentado a una importante oposición de las comunidades indígenas, que en su mayoría no están de acuerdo con su construcción. Nunca han dado su consentimiento para que el gasoducto pase por sus tierras. Aunque sólo una comunidad ha dado su visto bueno al proyecto, el sitio web del CLP habla de "liderazgo indígena", lo que ha fomentado sentimientos negativos entre la mayoría que se opone. Las comunidades que se resisten, como los defensores de la tierra Wet'suwet'en, corren el riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos humanos y de ser criminalizadas.
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10 Sudáfrica: Minería contra la voluntad del pueblo
Cuando las empresas mineras exploran regiones, suelen prometer a la población local una prosperidad compartida. Pero cuando las comunidades se oponen a los planes mineros, a menudo se hace caso omiso de sus preocupaciones, lo que provoca conflictos y tensiones. Un ejemplo de ello es la empresa minera australiana Mineral Commodities Ltd (MRC) y su explotación de arenas minerales y titanio en la Costa Salvaje sudafricana, que amenaza a la comunidad local de Amadiba. Tras denunciar al lobby minero local y el sabotaje de un proyecto de ecoturismo apoyado por la UE, el líder comunitario Madoda Ndovela fue asesinado. En respuesta, la comunidad local creó el Comité de Crisis de Amadiba (ACC) para defender el derecho de las comunidades indígenas africanas a rechazar los proyectos que no apoyan. El conflicto minero ha provocado más asesinatos políticos desde entonces, lo que pone aún más de relieve la necesidad de proteger la tierra y garantizar el derecho de consulta y veto de la población local.
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